Covid-19

Religión Política, Calidad Democrática Y Coronavirus.

Por Carlos ARENAS POSADAS

El historiador Emilio Gentile fue el primero en usar el término “religión política” para definir el fascismo como identificación entre las masas pequeño-burguesas y el duce Mussolini investido como el pontífice llamado para restablecer la potencialidad de la nación italiana. En el mismo sentido, Burleigh relacionó el nazismo como la expresión de unas masas incapaces de analizar situaciones complejas, adoptado “emociones de rebaño”. En España, Franco atribuía su caudillaje a la gracia de Dios, quizás por eso cometió sus tropelías con el apoyo de las sotanas. Ninguna grandeza, sin embargo, en ninguno de los tres; aquellos dioses no eran más que títeres en manos de poderosos intereses industriales, terratenientes o financieros que usaron la irracionalidad totalitaria como instrumento para contrarrestar la inoportuna generalización de los derechos civiles y el empuje de la clase obrera.

La dimensión religiosa de la política no reside exclusivamente en las dictaduras. La democracia española no ha erradicado del todo el tufo místico. En España, hay que atribuirlo a la negativa de la derecha española a condenar el franquismo, pero, también, a una identificación entre partido, nación y patria, y a una Constitución en cuyo artículo 6 se establece que los partidos políticos, aunque entidades privadas, son el “instrumento fundamental para la participación política”. Los movimientos ciudadanos y populares tan decisivos en la conquista de las libertades desde finales de los años sesenta quedaron varados desde que, en enero de 1979, Adolfo Suárez echó el cerrojo al consenso de la Transición.

No hay democracia sin partidos políticos, pero, a poco de implantada, una democracia “con” partidos se transformó en una democracia “de” partidos que se fueron convirtiendo en agrupaciones endogámicas, organizadas como la Iglesia, en jerárquicos círculos concéntricos de abades, monjes, legos y monaguillos. Los electores hacen de feligreses entregados a la fe en la palabra y en la bondad natural del abad, por evidente que sea que el credo se incumple y que la congregación opera en contra de sus votantes. Esto ha sido especialmente aplicable a PSOE y PP, los dos partidos que se han turnado en el poder desde 1982 a 2020, pero también a los partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco que han aplicado un “apellidismo” xenófobo a listas electorales y a los órganos de gobierno.

Alcanzar y sostenerse en el poder es el principal objetivo del partido; la congregación es tan amplia, el apetito de los legos tan voraz que, para alimentarlos, se necesita poner en marcha estrategias de búsqueda de rentas -nombramientos a dedo de cargos y de asesores, multiplicación de órganos de gobierno, ocupación de puestos claves en la administración pública, en los tribunales, en los consejos asesores, etc.- e incluso aventurarse en procedimientos delictivos –léase empresas pantalla, corrupción urbanística, mordidas a empresas y cajas bes-, especialmente durante gobiernos longevos, como el PSOE en Andalucía, el PP en Madrid, Galicia y Valencia o CiU en Cataluña.

Los partidos hegemónicos han jugado a la democracia como el perro y el gato; parecen irreconciliables, pero en realidad han sido dos ramas de un mismo tronco: una rama, la del PSOE, social-liberal y otra rama, la del PP, neo-liberal sin complejos.  Durante muchos años, no han dudado en compartir lo fundamental: se han negado a reformar una constitución que los ha considerado la columna vertebral de la democracia; se han sentado juntos en los consejos de administración de las grandes empresas haciendo uso y abuso de las puertas giratorias, y han compartido decisiones trascendentes como la de modificar el artículo 135 de la constitución en el verano de 2011, declarando como prioritarios el establecimiento de un techo del gasto público y la devolución de la deuda a los acreedores.

Con todo lo anterior, lo peor ha sido que, mientras han jugado al perro y al gato, los dos partidos han dejado que los zorros entren en el corral y se coman las gallinas; es decir; al contrario de lo que intentó hacer la II República, no han querido o podido evitar que corporaciones que han parasitado el Estado durante siglos, lo sigan haciendo. Me refiero a una Casa Real cuya legitimidad viene de Franco y que ha demostrado su bajo nivel moral; a la Iglesia católica, vieja astuta, que sigue horadando el sistema escolar y asistencial, además de apropiarse de lo que no es suyo; también al lobby militar que ya no es el de la fiel infantería afortunadamente, pero que detrae miles de millones del presupuesto del Estado en compras o en fabricación de armas, muchas redundantes e innecesarias; y, finalmente, la corporación bancaria y las empresas del selectivo IBEX 35 que se reparten pingües  beneficios pero que socializan las pérdidas a costa de los contribuyentes.  Por no resolver, PSOE y PP, con el caluroso aplauso de los nacionalistas vascos y catalanes, no han hecho nada por corregir las diferencias regionales de la renta, diferencias que no se resuelven con transferencias fiscales sino con la armonización de los entramados institucionales que diferencian los modelos productivos de las distintas autonomías.

Con esta mochila, no es de extrañar que España no apruebe los índices de calidad democrática homologados por organismos internacionales –en el último conocido la nota era 4,2- y, mucho menos, que los partidos sean las instituciones peor valoradas por los españoles, con calificaciones que apenas superan el 3.

 

Eppur si muove.

La crisis del ladrillo y de la banca de 2008 trajo consigo la irrupción de una oleada de agnosticismo político de grandes proporciones: la desafección política alcanzó cotas nunca vistas, al tiempo que surgieron plataformas, mareas de todos los colores a favor de la sanidad o de la escuela públicas, etc., y en contra de los desahucios, de las hipotecas abusivas, etc. Resumiendo todo ello, el movimiento 15M lo dejó bien expresado en 2011: “lo llaman democracia y no lo es”. Desde aquellas fechas preliminares, tres movilizaciones demuestran el dinamismo de la sociedad civil: el movimiento memorialista que trata de reparar el daño causado a las víctimas del franquismo; benévolamente, podría incluirse las movilizaciones del independentismo catalán; y, sobre todo, la eclosión del movimiento feminista. Ese renacimiento de la sociedad civil, especialmente empujado por las clases medias, desembocó en la constitución de nuevos partidos políticos -Podemos; Ciudadanos- y el ascenso de otros viejos –ERC- que vinieron a quebrar el bipartidismo de la segunda Restauración Borbónica.

Ese regreso al escenario político por parte de la ciudadanía ha contribuido a la formación del primer gobierno de coalición de la democracia entre PSOE y Unidas Podemos en enero de 2020. Obviamente, han influido también los cambios generacionales operados en la dirección del partido socialista y, especialmente, la irrupción de un nuevo escenario geopolítico y económico. La hecatombe del dogma neo-liberal tan querido por los plutócratas y reflujo de la globalización invita a retomar las fórmulas keynesianas o social-democráticas de gobernanza económica y al fortalecimiento de los Estados frente a los lobbies mercantiles y financieros que los han esclavizados en las últimas cuatro décadas.

 

Y en esto llegó el coronavirus y mandó a parar.

El tránsito de una sociedad diseñada por los plutócratas a otra más democrática e igualitaria no se va a producir sin conflicto. Ni siquiera en medio de la pandemia del COVID-19, cuando se trata de salvar vidas humanas, las hordas neo-liberales dejan de azuzar contra el gobierno la angustia de la población, de los pequeños empresarios y de autónomos. Al frente del ejército plutocrático se encuentra la Comunidad de Madrid, convertida en el epicentro de la financiarización del capitalismo español, patria de los fondos buitre que se aposentaron en nuestra economía tras la crisis bancaria de 2008 y de una élite política que atrae capitales y patrimonios haciendo dumping fiscal en detrimento del resto de comunidades autónomas, haciendo buena la idea de que la diversidad de capitalismos es lo que siempre ha puesto y y sigue poniendo en riesgo la unidad de España.

¿Cómo van a renunciar a eso? El gobierno de la comunidad de Madrid y la dirección madrileñista del PP se rebelan contra Madrid capital de un Estado que hoy gobierna una coalición “social-comunista”. A las derechas de este país se les han acabado los argumentos hegemónicos y, como en tantos otros momentos de la historia de España, se disfrazan de “dolorosas” antes que ceder en sus privilegios. Incluso, saltándose toda norma de seguridad, la presidente alienta las manifestaciones contra el confinamiento que convocan los privilegiados. Como ocurrió durante la República con la “dialéctica de los puños y las pistolas”, hoy usan la post-verdad para promover el caos, amedrentar a la gente, inyectándole “sensaciones de rebaño” para meterla en el redil. Menospreciar el impacto eugenésico del virus, invocar una libertad nihilista, esgrimir que el negocio es antes que la salud, tienen el propósito de facilitar el retorno de la religión totalitaria. Por eso, ahora más que nunca, como ha dejado escrito Daniel Inerarity, lo más necesario y liberador es el conocimiento, la reflexión, la orientación y el criterio.

Como en los años treinta nos encontramos en un dilema: o tenemos una salida New Deal, con la ayuda de las instituciones europeas, o tenemos una salida neo-fascista. Contra el virus de la involución autoritaria solo hay una vacuna:  más democracia. En estas semanas, los dirigentes políticos decentes no han dejado de alabar la decisiva contribución que la ciudadanía española está haciendo para el control de la pandemia. En ese caso, por qué no arbitrar los mecanismos para que la sociedad civil sea decisiva  también en la co-gobernanza de los asuntos que le competen, modificando la ley electoral y propiciando listas abiertas en las candidaturas para reconciliar el pueblo con la clase política, agilizando las iniciativas legislativas populares, impulsando el municipalismo, fomentando el capital social colectivo, la distribución del capital en todas sus modalidades, destruyendo creativamente las ataduras que impiden el progreso humano. Como decía Francisco Fernández Buey, “la democracia sólo puede existir como un proceso en crecimiento. Si no crece y echa raíces profundas en el tejido social, la democracia acaba por agostarse, se convierte en oligarquía y empieza a peligrar para todos”. No se trata de inventar nada nuevo, sino de activar de una vez por todas el artículo 1.2 de la Constitución española que establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

 

Este escrito presenta las siguientes tesis.

 

  • La democracia española no ha podido prescindir del carácter religioso de la política.
  • Los partidos políticos, como entidades de derecho privado que son, no han sido instrumentos idóneos para quebrar una dinámica histórica caracterizada por el parasitismo que determinadas corporaciones sub-estatales han ejercido secularmente sobre el Estado y sus recursos.
  • Las movilizaciones ciudadanas en la Transición y las habida tras crisis de 2008 fueron relevantes pero insuficientes para modificar la trayectoria expresada en los puntos anteriores.
  • La comunidad de Madrid, desde que existe, se ha convertido en un elemento perturbador de la unidad y de la democracia en España.
  • La pandemia del COVID-19 es una oportunidad histórica para que la sociedad española se nutra de recursos de poder necesarios para instituir nuevos modelos de gobernanza, económicos y sociales.
  • La reforma del sistema electoral es una herramienta fundamental para la institucionalización de un nuevo y más democrático sistema de gobernanza.
  • “New Deal” o totalitarismo: esa es la cuetión.

 

¿Podrías expresar tu acuerdo o desacuerdo con las anteriores proposiciones? ¿Podrías aportar una perspectiva diferente?

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