Covid-19

Europa, España Y Andalucía: Una relación tras la Covid-19

Por Javier ARISTU

Un falso e infructuoso debate

Desde al menos 1992 viene desarrollándose en determinados sectores sociales y políticos del continente una valoración negativa del proyecto de unificación europeo.

Es evidente que por parte de lo que podríamos llamar la “cultura política establecida” en las instituciones europeas y a partir de las acciones tomadas por los propios Estados a través de los acuerdos del Consejo se ha potenciado esa desconfianza y recelo hacia «la solución Europa».

El último periodo en nuestra historia europea, el de los últimos diez años, se ha caracterizado además por el auge de las tendencias nacionalistas, populistas, basadas en la insolidaridad de los pueblos y el renacimiento de la xenofobia y la desconfianza hacia el extranjero.

El Brexit ha supuesto un estrés formidable para el proyecto europeo. Dos poderes globales, UE y Reino Unido, condenados a entenderse y al mismo tiempo a competir entre ellos.

Y, para finalizar, todo ello en un contexto de crisis medioambiental, concluyente pero no asumida por países decisivos en este trayecto de cambio climático.

Sería un error, sin embargo, creer que las soluciones nacionales pueden sustituir al ámbito europeo. Hoy, más que nunca, necesitamos estructuras supranacionales para acometer la nueva etapa.

 

5 escenarios Comisión Juncker (2018-2025) 6 prioridades Comisión von der Leyen

(enero 2020)

1.       Seguir igual 1.       Pacto Verde europeo
2.       Solo Mercado único 2.       Economía para las personas
3.       Los que desean hacer más, hacen más 3.       Europa adaptada a lo digital
4.       Hacer menos pero de forma más eficiente 4.       Promoción del modo de vida europeo
5.       Hacer mucho más conjuntamente 5.       Una Europa más fuerte en el mundo
  6.       Nuevo impulso a la democracia europea

Marcos de trabajo europeos antes de la Covid-19

Europa. Los últimos meses han venido produciendo un intercambio de propuestas y contrapropuestas que habían hecho del debate europeo a nivel de Estados un continuo juego de tensiones repetidas: ¿Países del Norte contra los del Sur? ¿Austeridad o gasto público? ¿Modelo social europeo o sociedad basada en la libre concurrencia y competencia de individuos? ¿Poderes supranacionales o soberanías nacionales?

En ese marco parece importante subrayar las propuestas que ha venido haciendo la Comisión europea desde hace unos años

 Los debates que han impregnado las tareas y programas de las instituciones europeas desde los años de la Gran Recesión de 2008 han estado situados en un conjunto de contextos que conviene no olvidar:

  • Una crisis global política, con tensiones de liderazgos globales entre China y EE.UU, y renacimiento de opciones nacional-populistas en diversos países.
  • Un Brexit que significa el replanteamiento de las relaciones entre lo que antes eran dos socios de una Unión.
  • Una diversidad de situación entre sociedades del Norte y del Sur europeas.
  • Unas transformaciones tecnológicas fundamentales y decisivas en el mundo productivo.
  • Envejecimiento de la población europea.
  • Desigualdades sociales incrementadas.
  • Degradación medioambiental

El impacto de la Covid sobre la realidad europea, española y andaluza

La covid-19 ha roto de forma abrupta el funcionamiento del mercado común europeo y el libre desplazamiento de personas y mercancías; ha dado por inservible el PEC; y ha roto las formas de colaboración y competencia entre los estados.

A partir de esta crisis pandémica algunos plantean cuatro escenarios de salida a la crisis institucional, financiera y de gobernanza de la UE.[1]

  1. Un escenario sería el del cierre de fronteras y el repliegue nacional.
  2. Crecimiento de políticas destinadas a reforzar la cara autoritaria y controladora del Estado.
  3. Volver como sea al crecimiento sin controles ni objetivos y donde la recuperación del consumo, de la demanda, sea el único objetivo.
  4. Propiciar la aceleración de la transición ecológica y repensar el modelo de crecimiento donde los servicios públicos, los bienes comunes y la solidaridad sean vectores de ese crecimiento.

España. El impacto que puede tener la Covid-19 sobre la sociedad española va a ser, sin lugar a duda, muy potente. Parece evidente que el necesario incremento de la deuda puede tener una mayor repercusión sobre el futuro de España o Italia que sobre Alemania.

Por otro lado, las características de la estructura económica española, muy centrada en el turismo, los servicios y la industria del automóvil no ayuda precisamente a una recuperación rápida y adecuada tras la crisis sanitaria.

Los efectos sobre el mercado de trabajo pueden ser desoladores.

Andalucía puede ser el extremo más negativo de todo lo anteriormente dicho. Los efectos sobre el empleo, el trabajo autónomo, las pequeñas empresas dedicadas a la hostelería y servicios al turismo serán inmensos.

Todos los países y áreas económicas hemos sido afectados, aunque en cantidad y calidad diversa. No hay por tanto salidas autónomas ni independientes tras esta crisis.

 

En definitiva, entramos seguramente en otra fase del proceso de globalización donde cada país –y en nuestro caso a nivel europeo– debe revisar sus bases de crecimiento establecidas hasta ahora.

 ¿Cómo actuar? ¿qué proyectos debe poner en marcha Europa?

En 2018 salió un manifiesto donde se planteaba la «refundación política, social y medioambiental de Europa», encabezado por Thomas Piketty y otros.[2] En aquel papel se detectaban cuatro déficits estructurales de Europa: una escasa inversión pública estructural (sobre todo en formación e investigación), un proceso de desigualdades sociales en aumento, la aceleración del calentamiento climático y, finalmente, una crisis inmigratoria.

Compromisos de trabajo para superar ese déficit. El primero, el de construir un modelo original de desarrollo social equitativo; el segundo, el de hacer posible la solidaridad entre europeos convirtiendo la globalización y los beneficios que de ella obtienen una minoría de ganadores, revirtiendo sus beneficios hacia la financiación de bienes públicos. El objetivo general sería conseguir una sociedad europea más segura, igual y cohesionada.

En el caso europeo hay que reconocer que, aunque de forma discontinua, con dificultades y con espasmos contradictorios, la respuesta a la Covid-19 ha sido muy diferente a la de los años 2008 a 2012. Esta vez ha sido más rápida, más contundente y por caminos diferentes.

Las cantidades destinadas por la UE a paliar el desastre y reconstruir parte del tejido productivo y social son elocuentes: 3,4 billones de euros a partir de las medidas de liquidez para los estados, el SURE (préstamos a bajo interés para financiar el desempleo), el Banco europeo de Inversiones, el relajamiento de los frenos presupuestarios, el Mecanismo europeo de estabilidad, y los presupuestos directamente destinados por la Comisión a tareas de recuperación sanitaria, social y económica.

Todo ello, obviamente, hará aumentar la deuda tanto de los Estados como de la propia Unión, lo cual parece que no debería ser obstáculo para aplicar un plan ambicioso y urgente de medidas.

Tres objetivos parece que son los urgentes:

  1. conseguir una investigación adecuada que logre la vacuna a corto plazo
  2. poner de nuevo en marcha el mercado interior
  3. reparar y reconstruir las economías nacionales más castigadas.[3]

Queda pendiente la gran cuestión política que sin duda puede suponer un giro trascendental en el proyecto europeo: la de modificar las condiciones de límites al déficit y la negativa a asumir cualquier tipo de deuda europea (eurobonos o similares).

Cada vez se hace más necesario asegurar un Plan de Recuperación de la Economía europea a través de mecanismos tipo Fondo financiero que se dotaría a través de un préstamo conjunto sostenido por las contribuciones ligadas al PIB de la UE en su conjunto. Dicho Plan debería atender a la recomposición de las cadenas productivas, reparar los balances de las empresas y reconstruir la economía sobre una base sostenible.

El horizonte no debería ser volver a los mismos modelos productivos ni a las mismas maneras de vivir y consumir. En definitiva, hay que aprovechar el “momento crisis” y la conciencia social que la misma ha podido generar para relanzar y asegurar ese tránsito de una economía intensiva en recursos y en consumo hacia una economía de la sostenibilidad (véase los planes de la Comisión para una nueva economía, El País)

En Andalucía la situación podría ser peor que antes o podría aprovecharse la propia crisis para reinvertir la dirección del proceso económico que se venía realizando desde hace varios años. Habrá que acometer con ambición y fuerza un amplio y potente Plan de reconstrucción de Andalucía precisamente sobre las bases diseñadas por la Comisión europea y a las que nos referimos anteriormente.

Eso supondrá revisar los criterios, objetivos y modelos de desarrollo del sector turístico, de la construcción, y otros.

Será indispensable, si queremos alcanzar una sociedad más cohesionada, equilibrada y sostenible, intervenir de forma ambiciosa en el mercado de trabajo a fin de transformar el empleo temporal y precario –el más castigado por esta crisis– en un empleo cualificado y digno, capaz de formarse y adaptarse a las nuevas realidades.

La función pública, especialmente la relacionada con la salud y la educación, ha mostrado con esta crisis los aspectos más positivos de su personal pero al mismo tiempo ha desvelado las carencias y defectos de su modelo de gestión y actuación.

 ¿Qué nos queda tras la Covid-19?

En primer lugar, nos queda una sociedad que ha sufrido un golpe emocional y colectivo que perdurará sin duda por años.

Dos peligros se nos presentan en el futuro inmediato: por un lado, que se instale entre nosotros una conciencia de temor colectivo y, consecuentemente, de agresividad entre nosotros mismos, nuestras naciones, sociedades y áreas geoestratégicas; y, por el otro, que a la manera de los felices años veinte entremos en una carrera desenfrenada por olvidarnos de estos males que hemos pasado para experimentar inconscientemente “la alegría de la vida” sin enmendar los errores de un pasado poco positivo.

La segura crisis económica provocará impactos tremendos en las sociedades, motivará conmociones y cambios estructurales en las principales actividades; a partir de ahí se trata de reconstruir la economía y la conciencia colectiva como sociedad.

 

CUESTIONARIO

(Indica por favor si respecto a las siguientes afirmaciones/propuestas estás: 1. De acuerdo; 2. Parcialmente de acuerdo; 3. Parcialmente en desacuerdo; 4. En desacuerdo. Añade los comentarios de carácter general o particular sobre los puntos que creas oportuno).

  1. La crisis de la Covid-19 ha mostrado los grandes déficits de la Unión europea como proyecto de cohesión y solidaridad entre las naciones que lo componen ( )
  2. No habrá salida constructiva a la crisis económica y social que se deriva de la pandemia en clave nacional o de cada Estado. Al contrario, hay que aprovechar la crisis y las deficiencias mostradas para impulsar el proyecto europeo desde una plataforma de mayor unidad y cohesión institucional ( )
  3. El Parlamento europeo ha aprobado el 15 de mayo la propuesta a la Comisión de un «“Fondo de Recuperación y Transformación”, financiados a “través de la emisión de bonos a largo plazo para la recuperación garantizados por el presupuesto de la Unión”. Es decir, la Unión como tal debería hacerse cargo de la deuda destinada a la reconstrucción de la economía de los países afectados ( )
  4. España debería aprovechar esta profunda crisis de fallecidos, desmantelamientos de sectores productivos, crisis de demanda, hundimiento de líneas productivas, etc. para acometer un proceso de reconversión económica en la línea de adaptarnos a una economía verde y más social ( )
  5. Andalucía permanece como una Comunidad autónoma ensimismada e interiorizada en un proyecto que la aísla del resto de España. Debería asumir con más decisión el proyecto de apertura a Europa y a un mundo global. ( )
  6. Finalmente, ¿es hora de plantearse una reforma del marco territorial autonómico? ¿Debe este ir más en la línea de un modelo federal donde cada territorio se haga responsable de sus competencias y entre todos colaboren de forma cooperativa en un modelo de Estado federal? ( )

Comentarios:

 

 

 

[1] Philip Pochet, Four scenarios for Europe’s future after the crisis, SocialEurope, 30.04.2020 (visitado 4 de mayo de 2020)

[2] Thomas Piketty y otros, Manifiesto para la democratización de Europa, en La Vanguardia, 9.12.2028

[3] Lucrezia Reichlin y otros analistas, en Il Corriere della Sera, 20.04.2020 (visitado 4 de mayo de 2020)

Covid-19

Religión Política, Calidad Democrática Y Coronavirus.

Por Carlos ARENAS POSADAS

El historiador Emilio Gentile fue el primero en usar el término “religión política” para definir el fascismo como identificación entre las masas pequeño-burguesas y el duce Mussolini investido como el pontífice llamado para restablecer la potencialidad de la nación italiana. En el mismo sentido, Burleigh relacionó el nazismo como la expresión de unas masas incapaces de analizar situaciones complejas, adoptado “emociones de rebaño”. En España, Franco atribuía su caudillaje a la gracia de Dios, quizás por eso cometió sus tropelías con el apoyo de las sotanas. Ninguna grandeza, sin embargo, en ninguno de los tres; aquellos dioses no eran más que títeres en manos de poderosos intereses industriales, terratenientes o financieros que usaron la irracionalidad totalitaria como instrumento para contrarrestar la inoportuna generalización de los derechos civiles y el empuje de la clase obrera.

La dimensión religiosa de la política no reside exclusivamente en las dictaduras. La democracia española no ha erradicado del todo el tufo místico. En España, hay que atribuirlo a la negativa de la derecha española a condenar el franquismo, pero, también, a una identificación entre partido, nación y patria, y a una Constitución en cuyo artículo 6 se establece que los partidos políticos, aunque entidades privadas, son el “instrumento fundamental para la participación política”. Los movimientos ciudadanos y populares tan decisivos en la conquista de las libertades desde finales de los años sesenta quedaron varados desde que, en enero de 1979, Adolfo Suárez echó el cerrojo al consenso de la Transición.

No hay democracia sin partidos políticos, pero, a poco de implantada, una democracia “con” partidos se transformó en una democracia “de” partidos que se fueron convirtiendo en agrupaciones endogámicas, organizadas como la Iglesia, en jerárquicos círculos concéntricos de abades, monjes, legos y monaguillos. Los electores hacen de feligreses entregados a la fe en la palabra y en la bondad natural del abad, por evidente que sea que el credo se incumple y que la congregación opera en contra de sus votantes. Esto ha sido especialmente aplicable a PSOE y PP, los dos partidos que se han turnado en el poder desde 1982 a 2020, pero también a los partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco que han aplicado un “apellidismo” xenófobo a listas electorales y a los órganos de gobierno.

Alcanzar y sostenerse en el poder es el principal objetivo del partido; la congregación es tan amplia, el apetito de los legos tan voraz que, para alimentarlos, se necesita poner en marcha estrategias de búsqueda de rentas -nombramientos a dedo de cargos y de asesores, multiplicación de órganos de gobierno, ocupación de puestos claves en la administración pública, en los tribunales, en los consejos asesores, etc.- e incluso aventurarse en procedimientos delictivos –léase empresas pantalla, corrupción urbanística, mordidas a empresas y cajas bes-, especialmente durante gobiernos longevos, como el PSOE en Andalucía, el PP en Madrid, Galicia y Valencia o CiU en Cataluña.

Los partidos hegemónicos han jugado a la democracia como el perro y el gato; parecen irreconciliables, pero en realidad han sido dos ramas de un mismo tronco: una rama, la del PSOE, social-liberal y otra rama, la del PP, neo-liberal sin complejos.  Durante muchos años, no han dudado en compartir lo fundamental: se han negado a reformar una constitución que los ha considerado la columna vertebral de la democracia; se han sentado juntos en los consejos de administración de las grandes empresas haciendo uso y abuso de las puertas giratorias, y han compartido decisiones trascendentes como la de modificar el artículo 135 de la constitución en el verano de 2011, declarando como prioritarios el establecimiento de un techo del gasto público y la devolución de la deuda a los acreedores.

Con todo lo anterior, lo peor ha sido que, mientras han jugado al perro y al gato, los dos partidos han dejado que los zorros entren en el corral y se coman las gallinas; es decir; al contrario de lo que intentó hacer la II República, no han querido o podido evitar que corporaciones que han parasitado el Estado durante siglos, lo sigan haciendo. Me refiero a una Casa Real cuya legitimidad viene de Franco y que ha demostrado su bajo nivel moral; a la Iglesia católica, vieja astuta, que sigue horadando el sistema escolar y asistencial, además de apropiarse de lo que no es suyo; también al lobby militar que ya no es el de la fiel infantería afortunadamente, pero que detrae miles de millones del presupuesto del Estado en compras o en fabricación de armas, muchas redundantes e innecesarias; y, finalmente, la corporación bancaria y las empresas del selectivo IBEX 35 que se reparten pingües  beneficios pero que socializan las pérdidas a costa de los contribuyentes.  Por no resolver, PSOE y PP, con el caluroso aplauso de los nacionalistas vascos y catalanes, no han hecho nada por corregir las diferencias regionales de la renta, diferencias que no se resuelven con transferencias fiscales sino con la armonización de los entramados institucionales que diferencian los modelos productivos de las distintas autonomías.

Con esta mochila, no es de extrañar que España no apruebe los índices de calidad democrática homologados por organismos internacionales –en el último conocido la nota era 4,2- y, mucho menos, que los partidos sean las instituciones peor valoradas por los españoles, con calificaciones que apenas superan el 3.

 

Eppur si muove.

La crisis del ladrillo y de la banca de 2008 trajo consigo la irrupción de una oleada de agnosticismo político de grandes proporciones: la desafección política alcanzó cotas nunca vistas, al tiempo que surgieron plataformas, mareas de todos los colores a favor de la sanidad o de la escuela públicas, etc., y en contra de los desahucios, de las hipotecas abusivas, etc. Resumiendo todo ello, el movimiento 15M lo dejó bien expresado en 2011: “lo llaman democracia y no lo es”. Desde aquellas fechas preliminares, tres movilizaciones demuestran el dinamismo de la sociedad civil: el movimiento memorialista que trata de reparar el daño causado a las víctimas del franquismo; benévolamente, podría incluirse las movilizaciones del independentismo catalán; y, sobre todo, la eclosión del movimiento feminista. Ese renacimiento de la sociedad civil, especialmente empujado por las clases medias, desembocó en la constitución de nuevos partidos políticos -Podemos; Ciudadanos- y el ascenso de otros viejos –ERC- que vinieron a quebrar el bipartidismo de la segunda Restauración Borbónica.

Ese regreso al escenario político por parte de la ciudadanía ha contribuido a la formación del primer gobierno de coalición de la democracia entre PSOE y Unidas Podemos en enero de 2020. Obviamente, han influido también los cambios generacionales operados en la dirección del partido socialista y, especialmente, la irrupción de un nuevo escenario geopolítico y económico. La hecatombe del dogma neo-liberal tan querido por los plutócratas y reflujo de la globalización invita a retomar las fórmulas keynesianas o social-democráticas de gobernanza económica y al fortalecimiento de los Estados frente a los lobbies mercantiles y financieros que los han esclavizados en las últimas cuatro décadas.

 

Y en esto llegó el coronavirus y mandó a parar.

El tránsito de una sociedad diseñada por los plutócratas a otra más democrática e igualitaria no se va a producir sin conflicto. Ni siquiera en medio de la pandemia del COVID-19, cuando se trata de salvar vidas humanas, las hordas neo-liberales dejan de azuzar contra el gobierno la angustia de la población, de los pequeños empresarios y de autónomos. Al frente del ejército plutocrático se encuentra la Comunidad de Madrid, convertida en el epicentro de la financiarización del capitalismo español, patria de los fondos buitre que se aposentaron en nuestra economía tras la crisis bancaria de 2008 y de una élite política que atrae capitales y patrimonios haciendo dumping fiscal en detrimento del resto de comunidades autónomas, haciendo buena la idea de que la diversidad de capitalismos es lo que siempre ha puesto y y sigue poniendo en riesgo la unidad de España.

¿Cómo van a renunciar a eso? El gobierno de la comunidad de Madrid y la dirección madrileñista del PP se rebelan contra Madrid capital de un Estado que hoy gobierna una coalición “social-comunista”. A las derechas de este país se les han acabado los argumentos hegemónicos y, como en tantos otros momentos de la historia de España, se disfrazan de “dolorosas” antes que ceder en sus privilegios. Incluso, saltándose toda norma de seguridad, la presidente alienta las manifestaciones contra el confinamiento que convocan los privilegiados. Como ocurrió durante la República con la “dialéctica de los puños y las pistolas”, hoy usan la post-verdad para promover el caos, amedrentar a la gente, inyectándole “sensaciones de rebaño” para meterla en el redil. Menospreciar el impacto eugenésico del virus, invocar una libertad nihilista, esgrimir que el negocio es antes que la salud, tienen el propósito de facilitar el retorno de la religión totalitaria. Por eso, ahora más que nunca, como ha dejado escrito Daniel Inerarity, lo más necesario y liberador es el conocimiento, la reflexión, la orientación y el criterio.

Como en los años treinta nos encontramos en un dilema: o tenemos una salida New Deal, con la ayuda de las instituciones europeas, o tenemos una salida neo-fascista. Contra el virus de la involución autoritaria solo hay una vacuna:  más democracia. En estas semanas, los dirigentes políticos decentes no han dejado de alabar la decisiva contribución que la ciudadanía española está haciendo para el control de la pandemia. En ese caso, por qué no arbitrar los mecanismos para que la sociedad civil sea decisiva  también en la co-gobernanza de los asuntos que le competen, modificando la ley electoral y propiciando listas abiertas en las candidaturas para reconciliar el pueblo con la clase política, agilizando las iniciativas legislativas populares, impulsando el municipalismo, fomentando el capital social colectivo, la distribución del capital en todas sus modalidades, destruyendo creativamente las ataduras que impiden el progreso humano. Como decía Francisco Fernández Buey, “la democracia sólo puede existir como un proceso en crecimiento. Si no crece y echa raíces profundas en el tejido social, la democracia acaba por agostarse, se convierte en oligarquía y empieza a peligrar para todos”. No se trata de inventar nada nuevo, sino de activar de una vez por todas el artículo 1.2 de la Constitución española que establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

 

Este escrito presenta las siguientes tesis.

 

  • La democracia española no ha podido prescindir del carácter religioso de la política.
  • Los partidos políticos, como entidades de derecho privado que son, no han sido instrumentos idóneos para quebrar una dinámica histórica caracterizada por el parasitismo que determinadas corporaciones sub-estatales han ejercido secularmente sobre el Estado y sus recursos.
  • Las movilizaciones ciudadanas en la Transición y las habida tras crisis de 2008 fueron relevantes pero insuficientes para modificar la trayectoria expresada en los puntos anteriores.
  • La comunidad de Madrid, desde que existe, se ha convertido en un elemento perturbador de la unidad y de la democracia en España.
  • La pandemia del COVID-19 es una oportunidad histórica para que la sociedad española se nutra de recursos de poder necesarios para instituir nuevos modelos de gobernanza, económicos y sociales.
  • La reforma del sistema electoral es una herramienta fundamental para la institucionalización de un nuevo y más democrático sistema de gobernanza.
  • “New Deal” o totalitarismo: esa es la cuetión.

 

¿Podrías expresar tu acuerdo o desacuerdo con las anteriores proposiciones? ¿Podrías aportar una perspectiva diferente?

Covid-19

Agua Y Adaptación Al Cambio Climático. Una Transición Justa

Por Joan COROMINAS

 La utilización del agua, con esfuerzo e ingenio, ha sido una constante histórica en el desarrollo de nuestras sociedades mediterráneas. Se han ido desarrollando elementos culturales e instituciones que han velado por un equilibrio, inestable frecuentemente, entre los diversos intereses contrapuestos en su uso y apropiación. El desarrollo tecnológico, desde finales del siglo XIX ha propiciado una explotación creciente y acelerada, de los recursos hídricos que han conducido a un deterioro grave de los ecosistemas hídricos. Hemos pasado de usar un 2,5% de los recursos hídricos naturales a detraer del flujo hidrológico un 43,8% en la actualidad. Como consecuencia hemos deteriorado nuestros ríos, humedales y acuíferos, detrayéndoles gran parte de los recursos, contaminando sus aguas y destruyendo los ecosistemas ribereños: incumpliendo la Directiva Marco de Agua, según los Planes Hidrológicos de Demarcación (2016-2021) han alcanzado el buen estado ecológico el 44% de todas las masas de agua andaluzas, cuando debían haber recuperado el buen estado en 2010 su totalidad, y estamos lejos de avanzar en la mejora de las mismas en el período de prórroga legal hasta 2027.

El gran esfuerzo de construcción de embalses (73 grandes embalses con una capacidad de 11922 hm3, cantidad que supera las aportaciones medias de nuestros ríos) y la apertura de pozos profundos, ha permitido un crecimiento, muchas veces descontrolado de las demandas, especialmente para el regadío que alcanza 1,11 millones de ha (Inventario de regadíos de Andalucía 2008). Pero esta abundancia de recursos hídricos no ha impedido que estemos gravemente afectados por las sequías recurrentes: baste recordar la intensa sequía de 1992 a 1996 que ocasionó graves y duraderas restricciones a dos terceras partes de nuestra población. En los abastecimientos la concienciación ciudadana, la mejora de la gestión y de las infraestructuras, han alejado los riesgos de restricciones de nuestros abastecimientos. Como ejemplo de éxito, Sevilla y su Area Metropolitana en las últimas tres décadas ha disminuido el consumo por habitante en un 39% y la aducción desde los embalses en un 44%.

No ha sido así en nuestros regadíos, que según el Plan Especial de Sequías del Guadalquivir (2018), el 54% de los meses están en situación de prealerta, alerta o emergencia en la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios.

Al mismo tiempo la ocupación del territorio, para usos urbanísticos y agrícolas, en las cercanías de cauces y de la llanura litoral han aumentado exponencialmente los impactos de las inundaciones, propias de nuestros ríos mediterráneos, en momentos de fuertes crecidas. Tenemos reciente en la memoria las inundaciones del comienzo de este otoño en el litoral mediterráneo.

El cambio climático afectará a las áreas mediterráneas con más intensidad que al norte de la península, según los diversos modelos de simulación de sus efectos. Para el horizonte de 2050, en relación al año de referencia 2010, el crecimiento de la temperatura será del orden de 1,7º y la precipitación disminuirá en un 2,4%: el efecto combinado de una mayor evapotranspiración de la vegetación (ligada a la temperatura) y la disminución de la lluvia provocará una minoración de la escorrentía de nuestros ríos entre un 15 a 20%, una mayor demanda de agua por los regadíos, lo que conllevará que deba descender la superficie en regadío del orden del 25%. Los fenómenos extremos de sequías e inundaciones aumentarán su frecuencia y virulencia.

Desde el diagnóstico, ya asumido por las administraciones y buena parte de la sociedad, de que estamos muy lejos de alcanzar el buen estado ecológico de nuestros ríos, acuíferos,  humedales y aguas costeras al que nos obliga la DMA, añadido al hecho de que actualmente tenemos una muy baja garantía para atender las demandas, especialmente del regadío, junto con la respuesta urgente a los impactos del cambio climático a escala mundial, con mayores efectos en nuestro climas mediterráneos, obliga a nuestra sociedad a asumir un nuevo paradigma sobre la gestión del agua (y de todos los recursos naturales), que disminuyan los desequilibrios que hemos producido en su ciclo en el último siglo y nos planteen una nueva manera de convivir en la naturaleza.

En el ciclo del agua se trata de iniciar una Transición hídrica, que debe ser justa, para repartir los costes y los beneficios que produzca, minimice los riesgos y proteja a los sectores más vulnerables. El concepto de transición hídrica justa requiere de una nueva gobernanza del agua en un marco democrático de gestión, control y participación social, que facilite los cambios y disminuya resistencias, marcando un itinerario temporal a medio plazo, que debe iniciarse sin dilación.

Forman parte de los elementos de esta Transición hídrica justa, además de la gobernanza del agua, la aplicación efectiva del derecho humano al agua, los cambios en los modelos de producción y consumo que conduzcan a las adaptaciones de los usos del agua a la consecución del buen estado ecológico de todos los ecosistemas hídricos en el marco del cambio climático, y la adaptación a la mayor intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos de sequías e inundaciones.

En Andalucía tenemos que buscar consensos sociales que permitan esta transición justa, asegurando la garantía de los abastecimientos urbanos, adecuando los regadíos con el fin que maximicen la eficiencia social y económica de la menor disponibilidad de agua, y replanteándonos el urbanismo en las proximidades de las zonas inundables y gestionando el suelo para disminuir la erosión. Una tarea que va a encontrar muchas resistencias pero que tiene el aliciente de encarar el futuro próximo respondiendo a los retos del cambio climático y de avanzar hacia una sociedad más democrática, solidaria y sostenible.

 

CUESTIONARIO

(Indica por favor si respecto a las siguientes afirmaciones/propuestas estás: 1. De acuerdo; 2. Parcialmente de acuerdo; 3. Parcialmente en desacuerdo; 4. En desacuerdo. Añade los comentarios de carácter general o particular sobre los puntos que creas oportuno).

  • Proteger y mejorar el medioambiente en Andalucía es estratégico para nuestro bienestar y desarrollo productivo. Respuesta: ( )
  • La pandemia del coronavirus nos hará replantear a la sociedad andaluza nuestra manera de relacionarnos con el medioambiente. Respuesta: ( ).
  • Avanzaremos hacia una sociedad, que sin negar los beneficios de la aldea global, potencie más la cercanía de las producciones y el consumo y disminuya la movilidad a grandes distancias. Respuesta: ( ).
  • En los sectores de la energía, el agua y los espacios naturales tenemos ventajas comparativas para nuestro desarrollo sostenible. Respuesta: ( ).
  • Tenemos que repensar el modelo turístico de sol y playa, y el de ciudades históricas, en Andalucía. Respuesta: ( ).
  • Es imprescindible una transición medioambiental justa para que esta sea posible. Respuesta: ( ).

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Covid-19

A propósito de la crisis sanitaria provocada por Covid-19. tercer sector, democracia y sociedad civil

Por Manuel PÉREZ YRUELA [1]

La crisis sanitaria y económica provocada por COVID-19 ha puesto de relieve la importancia del Tercer Sector (TS) en situaciones como ésta. Muchas residencias de mayores, albergues para los sin techo, ayudas a domicilio y atención a necesidades sociales de las familias, las están realizando organizaciones sin fines de lucro que forman parte del TS. El caso de las residencias ha tenido más relieve por razones de sobra conocidas que habrá que analizar con rigor. No obstante, en España hay unas 5.400 residencias, muchas de ellas gestionadas por organizaciones sin fines de lucro. A 13 de mayo, la Fiscalía había iniciado 140 diligencias penales y 185 civiles relacionadas con el amparo de los derechos individuales y colectivos en estos centros, lo que indica que la gran mayoría de ellos han actuado correctamente. A propósito de la importancia del TS en esta crisis, puedes ser de interés para nuestro grupo de reflexión analizar el papel del TS en general, como actor relevante de la sociedad civil en las democracias contemporáneas.

La definición de lo que es el TS es a la vez fácil y difícil. Difícil, porque lo integran entidades muy diferentes desde el punto de vista de su misión, objetivos, actividad, origen y fórmula jurídica que adoptan. Fácil, porque cuando se analizan estas entidades se comprueba que comparten algunos rasgos que permiten agruparlas bajo una misma etiqueta conceptual que puede ser la de TS. Estos rasgos son el no tener como objetivo principal el lucro; estar orientadas hacia el bienestar social mediante la producción de bienes, la prestación de servicios, en especial para atender problemas sociales, y la defensa de los derechos sociales y humanos; tener formas de gobernanza participativa y democrática, grado de vinculación apreciable con los territorios y comunidades de las que surgen y canalizar el voluntariado como parte de sus recursos humanos. Para concretar se trata de entidades como las cooperativas, las mutualidades, las organizaciones privadas sin fines de lucro (OPSFL) también llamadas ONG`s, las asociaciones, las fundaciones, las empresas sociales y las más recientes surgidas del desarrollo de la economía solidaria, circular y colaborativa, que adoptan fórmulas jurídicas diferentes.

El origen de estas entidades se puede rastrear históricamente en dos grandes motivaciones: la utilización de la ayuda mutua y la cooperación como formas de acción colectiva para resolver problemas y necesidades sociales, que están en el origen de las cooperativas, mutualidades y entidades similares, que tradicionalmente han sido lo que se conoce como economía social; la canalización del altruismo y la generosidad de las personas para ayudar a los demás. Estas dos motivaciones las han estimulado históricamente dos grandes corrientes ideológicas: la formada por el socialismo utópico, el anarquismo, el socialismo y el comunismo, que las han utilizado de forma diferente según los casos, que ha terminado por asumir que debe ser el Estado el único responsable de las funciones que estas entidades tenían; la formada por el cristianismo a través de la virtud de la caridad, en el nivel individual, y la doctrina social de la Iglesia en el nivel social, que trata de eximir al Estado de su responsabilidad en estos problemas y trasladar su solución a la sociedad. Hago esta referencia simplificada a los orígenes remotos del TS porque su evolución y situación actual han estado condicionadas por ellos.

No obstante, se han producido cambios históricos que han alterado la situación en la que se desenvuelve el TS: la asunción por parte de los Estados de la responsabilidad del bienestar social de sus ciudadanos a través del concepto de Estado Social de Derecho, recogido en las constituciones de países social y democráticamente avanzados; las dificultades de los sistema de bienestar creados por estos países para que el Estado solo pueda reconocer y atender la variedad y complejidad de los problemas sociales de sus sociedades; el crecimiento de facto de  las entidades del TS que se ha producido en estos países al margen de influencias religiosas y políticas para practicar la ayuda mutua, canalizar el altruismo cívico y promover la defensa de derechos; la necesidad creciente de mejorar la calidad de nuestras democracias facilitando que la sociedad civil pueda articularse y corresponsabilizarse de los asuntos colectivos en beneficio de la comunidad, a lo que TS puede contribuir.

Las entidades que forman parte del TS son: las organizaciones privadas sin fines de lucro (OPSFL u ONG), las cooperativas, las mutualidades, las sociedades laborales, las empresas de inserción, las fundaciones, las asociaciones; recientemente han aparecido nuevas iniciativas como son las empresas y cooperativas sociales y las encuadradas en el marco de la economía alternativa, solidaria, circular y colaborativa. El TS ha crecido en el contexto anterior, abriéndose paso entre el Estado y el mercado,  cumpliendo funciones importantes en ámbitos muy diversos, sin tener el reconocimiento institucional acorde con ello. Para tener una idea de esta importancia pueden servir, a modo de ejemplo, los datos siguientes.

El Tercer Sector de Acción Social (TSAS),  tiene como  objetivos la defensa de derechos  y la atención a necesidades sociales. En España lo forman unas 30.000 entidades. Está muy polarizado según el tamaño, en 2018 casi la mitad de las entidades tenían ingresos inferiores a 30.000 € y sólo un 8,5 % pasaban del millón de euros. El 75% de las actividades del sector se centran en la acción social, la inserción social y la atención sociosanitaria. En 2018 sus ingresos alcanzaron 16.583 millones de euros, un 1,37 % del PIB de España; el 41,4 % es financiación pública, el 26% es financiación privada y el 32,6%  es financiación propia. Empleaba a 577.230 personas, el 3 % del total de empleos de España; el 62,4 % de las entidades tenía alguna persona contratada. Contó con la colaboración de un 1,05 millones de voluntarios y realizó 42 millones de intervenciones directas. El indicador del número de trabajadores del TSAS en países de nuestro entorno refleja que en España está menos desarrollado, por debajo de Países Bajos (10,3), Reino Unido (5,9), Alemania  (5,4) y Dinamarca (4,9). No hay datos disponibles sobre el TS en Andalucía.

El Tercer Sector de Acción Económica, tiene como objetivos la producción de bienes y servicios para los socios de las entidades  para terceros, de acuerdo con ciertos principios. Las cooperativas son las entidades más importantes dentro de él. En 2017 había en España 20.958 cooperativas, que empleaban 319.792 trabajadores. Dos tercios de esos empleos (66,4 %) eran del sector servicios, algo más de un quinta parte (22,4%) del sector industrial, una décima parte de la agricultura (10,2 %)  y un 3,1 % de la construcción. En el sector industrial, la proporción de trabajadores de las  cooperativas es seis puntos porcentuales mayor que la media española y en el sector de servicios nueve puntos menor, lo que indica una estructura más próxima que la media del país a un modelo productivo con mayor peso del sector industrial. En Andalucía había unas seis mil cooperativas y sociedades laborales, que representaban el 20% del total y el 19 % de los trabajadores. Las cooperativas agrarias son las de mayor tradición en España. Han cumplido y siguen cumpliendo funciones muy importantes en el proceso de modernización de la agricultura y de la sociedad rural, especialmente en el caso de Andalucía. En España hay grandes grupos cooperativos (Mondragón, COREN, Cajamar…) pero el cooperativismo también está menos desarrollado que en los países de  nuestro entorno.

Las asociaciones son el campo organizacional del que se tiene menos información accesible. Entre 1993 y 2012 las asociaciones activas de ámbito estatal crecieron mucho, pasando de 9.190 a 44.20612. Entre las asociaciones activas, las culturales eran la mayoría (40%), seguidas a bastante distancia de las de carácter económico y profesional (18%), las de acción social, sanitaria y educativa, incluidas las de atención a enfermos y dependientes (16 %) y las deportivas, recreativas y de jóvenes (11 %). El grupo que más creció entre esos años es el de acción social, sanitaria y educativa.

Por todo ello es razonable pensar que el TS sea un pilar importante de la estructura de nuestras sociedades, junto al Estado y el mercado, que forme parte de la sociedad civil y canalice la participación ciudadana en ciertos asuntos colectivos, complementaria de la participación electoral, necesaria para mejorar la calidad política e institucional de la democracia. Para acometer la tarea de hacer esto posible sería necesario desarrollar estas ideas en el contexto de una teoría normativa de la democracia que abordase el tema  de la participación formal más allá del derecho al voto, el reconocimiento institucional del TS y la regulación de sus relaciones con el Estado como corresponsable del diseño y aplicación de ciertas políticas públicas y la incorporación a la estadística pública de las operaciones necesarias para conocerlo y poder así gestionar mejorar su regulación y sus relaciones con el Estado.

No obstante, se trata de un tema no exento de controversia por las diferentes perspectivas ideológicas desde las que se ha mirado y juzgado históricamente. Con objeto de analizar el potencial y sostenibilidad de este ámbito institucional ya de hecho importante, puede ser útil debatir sobre este tema.

Indica por favor si respecto a las siguientes afirmaciones/propuestas estás: 1. De acuerdo; 2. Parcialmente de acuerdo; 3. Parcialmente en desacuerdo; 4. En desacuerdo. Añade los comentarios de carácter general o particular sobre los puntos que creas oportuno.

  1. Debe desarrollarse una teoría normativa de la democracia que incluya al TS como un actor institucional que articula la sociedad civil canalizando la expresión de ciertos valores. Respuesta: ( )[2]
  2. Debe existir un TS que colabore con los poderes públicos en la definición y gestión de políticas públicas. Respuesta: ( )
  3. El TS no debería existir, porque muchas de las funciones que desarrolla las deberían asumir el Estado.
  4. Los poderes públicos deben promover el desarrollo del TS. Respuesta: ( )
  5. Corresponde sólo a la sociedad civil todo al relativo al TS sin interferencia de los poderes públicos. Respuesta: ( )
  6. El TS debe tener un reconocimiento de nivel normativo similar y funciones de representación equiparables al de otros sectores institucionales como el sindical, el de representación política o el empresarial. Respuesta: ( )
  7. Las entidades del TS deben considerarse sólo como un caso más de entidades privadas con el reconocimiento y funciones que ya les atribuyen las normas que regulan a cada una de ellas. Respuesta: ( )
  8. Merece la pena que incluyamos este tema en los debates. Respuesta: ( )

Comentarios:

[1] Este texto es un resumen que puede ampliarse en los trabajos siguientes: Pérez Yruela, M. (2019) Panorámica del Tercer Sector durante la crisis en España. Madrid, Informe FOESSA, 2019; Pérez Yruela, M. (2016). “El Tercer Sector: economía social y entidades no lucrativas”, en Torres, C, ed., España 2015. Situación social. Madrid, CIS: 888-900; Pérez Yruela, M. y G. Rodriguez Cabrero (en prensa). “Tercer Sector y Economía Social y Colaborativa en las sociedades contemporáneas. El caso de España”, en CSIC, Proyecto sobre retos científicos: una sociedad global y sostenible.

[2] Poner el  número de la escala dentro de  (  )